Las formalidades que suprime la Ley 1429

Publicado: 7 junio, 2011

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¿Cuáles son las ventajas que tienen las sociedades anónimas simplificadas en relación con la ley de Formalización y Generación de Empleo (Ley 1429 de 2010)? Enviada por Claudia Milena Betancourt Peña.

R/ En ediciones anteriores hemos mencionado los beneficios consagrados en la Ley 1429 de 2010. La misma Ley define como pequeña empresa, aquellas cuyo personal no sea superior a los 50 trabajadores y cuyos activos totales no superen los 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior significa que pueden acceder a estos beneficios tanto las personas naturales comerciantes, como cualquier tipo de sociedad (limitadas, anónimas, SAS, etc.) que cumpla con los requisitos antes mencionados.
Ahora bien, la citada norma no sólo establece privilegios a las pequeñas empresas que se constituyan a partir de la entrada en vigencia de la Ley, sino que también modifica algunos aspectos del Código de Comercio, suprimiendo formalidades, lo que facilita la actividad empresarial.

Es así, como en el Artículo 220 del Código de Comercio se establecía que la disolución debía cumplir las mismas formalidades de las reformas estatutarias, lo que agravaba la situación del empresario que tiene la necesidad de iniciar los trámites de liquidación de su empresa. Con esta modificación, para decretar la disolución sólo se requiere que la asamblea de accionistas o la junta de socios apruebe la decisión de disolver indicando la causal respectiva, teniendo en cuenta la mayoría exigida por los estatutos o la Ley. Esta declaración del órgano social competente debe constar en un acta que se inscribirá en el Registro Mercantil, sin que se requieran otras formalidades especiales, tales como la escritura pública.

Nótese, además, que las actas de los órganos sociales y de administración, así como sus extractos y copias autorizadas por el secretario o por el representante legal, se presumen auténticas, por lo cual no se exigirá la presentación personal de estos documentos. Es decir, basta con presentar el acta debidamente firmada por el presidente y el secretario de la reunión, su copia o extracto debidamente autorizado por el secretario o por el representante legal.

Es necesario resaltar, que las sociedades que se encuentren en liquidación, a partir de la vigencia de esta Ley, no tienen la obligación de renovar su Matrícula Mercantil, por lo que si una sociedad decretó su disolución en el año 2010, no estará obligada a renovar por el año 2011 y años siguientes, mientras se encuentre en liquidación.

Asimismo, una vez aprobada la cuenta final de liquidación ya no se requerirá la protocolización de ésta en una notaría del domicilio social, reduciendo así los costos de la liquidación.
En conclusión, actualmente el empresario que decida terminar con su actividad empresarial debe cumplir menos formalidades y tendrá mayores facilidades para este trámite.

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