Los dueños del ambiente

Los dueños del ambiente

20 feb 2016

En días pasados, el alcalde Armitage pidió facultades de seis meses al Concejo para adelantar una reforma de la Administración Municipal, con el acompañamiento de una Comisión de concejales especialmente designada. La actual estructura administrativa de la Alcaldía data de 2001 y modernizarla, con el fin de poder atender más eficazmente las necesidades de los ciudadanos, ha sido un anhelo recurrente de las últimas administraciones. Sin embargo, nunca ha habido ‘ambiente’ para ello en el Concejo.

Que la Administración Municipal de Cali requiere una profunda reingeniería es evidente. A diferencia de Bogotá y Medellín, por ejemplo, Cali no cuenta con una Secretaría de Desarrollo Económico que se preocupe por la competitividad y el empleo. Esta responsabilidad reposa en un asesor. La persona que lleva el tema del turismo es un coordinador, inmerso dentro de la Secretaría de Cultura. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo no tiene un interlocutor representativo en la ciudad.

Cosa similar sucede en un tema crítico como el de la seguridad, embebido dentro de la Secretaría de Gobierno, pero sin el peso y capacidades específicas que se requieren en la ciudad con la tasa de homicidios más alta entre las capitales del país. O en el de movilidad, sin enfoque estratégico y limitada a la perspectiva esencialmente punitiva de Tránsito. Por supuesto que no se trata de crear dependencias a dos manos (ojalá fuera así de fácil resolver los problemas), pero si de reorientar, complementar y racionalizar la administración para hacerla más eficaz.

Quizás el hecho más bochornoso de la actual estructura de la Alcaldía es que de las 6.522 personas que laboraban allí el año pasado, solo 1.861 (un 29%) eran de planta. Los otros 4.661 eran contratistas por prestación de servicios. En el caso de una dependencia como el Dagma, que debe velar por la salud de los 7 ríos y demás espacios verdes de la ciudad, ¡había 1 funcionario (su Directora) y 400 contratistas! La proliferación de esta figura en los últimos 15 años se debió a las limitaciones fiscales del municipio (el gasto asociado cuenta como ‘inversión’ y no funcionamiento, con lo cual no suma para los topes de gasto de ley). Pero hoy, cuando la situación financiera es mucho mejor, ubica a la administración en el peor de los mundos.

De una parte, ninguna organización que pretenda ser de excelencia puede depender para sus actividades misionales, en un 70%, de empleados temporales. Bajo este esquema, no se construye memoria institucional, los procesos se ven frecuentemente interrumpidos, no hay planes de carrera y resulta sumamente difícil motivar a la gente. Pero además, que el 70% del personal no tenga estabilidad y dependa de que cada año lo vuelvan a enganchar, lo convierte en jugosa presa clientelar de los políticos que les ‘patinan’ los contratos. No habría mejor manera de profesionalizar y reducir la politización de la burocracia municipal que incorporar la mayor parte posible de estas personas (previo estudio de necesidad e idoneidad) a la nómina oficial.

Una reforma seria, como las hechas en Bogotá en 2006, Barranquilla en 2008 y 2011 y Medellín en 2012 y 2015, solo se pueden hacer si los Concejos dan facultades a los alcaldes. De lo contrario, lo que resulta es una colcha de retazos. La Alcaldía tiene la legitimidad democrática y tres estudios recientes (interno, de consultores y de Univalle) para orientar el trabajo. Esperemos que el Concejo sepa velar por el interés general y no le haga mal ambiente.

Un primer balance del futuro


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