El Centro de Conciliación de la Cámara ofrece el servicio de insolvencia para personas naturales no comerciantes que desean llegar a un acuerdo de pagos con sus acreedores. Al portafolio de servicios del Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Com-posición de la Cámara de Comercio de Cali se sumó recientemente el de solicitud de insolvencia para personas naturales no comerciantes, es decir aquellas que son “independientes, empleadas o pensionadas que no realizan actividades comerciales de compra o venta de bienes para obtener ganancias con su comercialización o que tengan un local o negocio”. Este instrumento, contemplado en la Ley 1564 de 2012, reporta beneficios para los deudores interesados en saldar sus deudas y que demuestren intenciones reales de pago, es decir quienes quieran llegar a acuerdos con dos o más acreedores en vista de que situaciones derivadas del ejercicio de sus negocios y otras como la pérdida del empleo, una enfermedad, la disolución o liquidación de la sociedad conyugal y la muerte de un ser querido les impidan cumplir con ellos. De acuerdo con Juliana Giraldo, directora del Centro, órgano avalado para adelantar este tipo de procesos por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho, “muchas veces las personas naturales se ven en problemas cuando tienen deudas a cargo y se les dificulta el pago. La Ley contempla la negociación de deudas y la convalidación de acuerdos privados por parte del Centro de Conciliación. Este procedimiento genera unas condiciones favorables para el deudor”. Algunas de esas condiciones se refieren a que, por ejemplo, quienes inicien el proceso de insolvencia no se les podrán iniciar nuevos procesos ejecutivos en su contra, ni de restitución de bienes por incumplimiento en el canon de arrendamiento. Por otro lado, quedan suspendidos los procesos ejecutivos que se adelante para rematar un bien. Así mismo, se le asegura al deudor la prestación de servicios públicos domiciliarios vencidos. La reglamentación también estipula que “las deudas sometidas a la ley de insolvencia seguirán causando intereses, sin embargo éstos, al igual que el capital, serán objeto de la negociación y las actividades de cobranza y judiciales serán suspendidas mientras se efectúa el trámite”. ¿Cómo se obtiene? Para acceder a esta figura, el deudor debe cumplir con uno de los supuestos que establece la Ley, esto significa tener dos o más obligaciones vencidas por más de 90 días o que en su contra cursen dos o más procesos ejecutivos que sumen más del 50% del pasivo total a cargo del deudor. “Nuestro reglamento establece que las obligaciones de los solicitantes deben ser de 40 salarios mínimos legales en adelante, hasta más de 500 salarios mínimos”, afirma Giraldo. Del monto de las deudas que se van a conciliar depende también el costo del servicio ofrecido. Por cada rango existe un porcentaje que el Centro de Conciliación cobra al inicio del proceso y destina a gastos administrativos y honorarios del conciliador. Si el solicitante cumple con alguna de esas condiciones, puede comparecer ante el Centro de Conciliación y adjuntar la propuesta para la negociación de la deuda, un informe que indique por qué se produjo la cesación de pagos, una relación de sus acreedores, una relación de sus bienes y de los procesos judiciales o de cualquier otro tipo que tenga en contra, la certificación de los ingresos percibidos y el monto al que asciendan los recursos disponibles para cumplir con sus obligaciones. Adicionalmente, deberá indicar si tiene una sociedad conyugal vigente y compromisos alimentarios a su cargo. En el Centro de Conciliación, los usuarios encontrarán un formato específico que fue diseñado para facilitarles los trámites y brindarles un acceso rápido a este mecanismo. El servicio incluye la asesoría necesaria para que se pueda empezar el proceso. Desde el momento en que se acepta la solicitud de negociación de deudas, el conciliador asignado verifica el cumplimiento de requisitos. El proceso puede durar hasta 60 días, que pueden ser prorrogados por 30 días más si el deudor o los acreedores lo requieren. Para que la negociación llegue a feliz término, es necesario que todos los acreedores relacionados por el deudor comparezcan al proceso. Sin embargo, para que el acuerdo de pago se dé, debe ser aprobado tanto por el deudor como por dos o más acreedores que representen más del 60% del monto total del capital adeudado. Si un acreedor no está de acuerdo con el proceso, pero se cumple la anterior condición, debe acogerse a lo que se determine en la negociación. Con respecto al derecho que tienen los solicitantes de optar por la insolvencia en más de una ocasión, Giraldo aclara que quien cumpla con un acuerdo de pago solo podrá solicitar nuevamente un proceso similar una vez transcurridos cinco años desde la fecha de cumplimiento del acuerdo anterior. Si el deudor incumple el acuerdo, el proceso pasa a la instancia de liquidación patrimonial y, en ese caso, solo podrá solicitar alguno de los procedimientos de negociación o de convalidación una vez transcurridos 10 años desde que se finaliza el proceso. La convalidación de un acuerdo privado, precisamente, es la otra modalidad que contempla el modelo de insolvencia. Se refiere a que un deudor puede reunirse con sus acreedores en privado, llegar a un acuerdo sobre sus condiciones de pago y, una vez establecidas, dirigirse al Centro de Conciliación y solicitar la aprobación de este acuerdo. Para que este sea válido debe constar por escrito, ser reconocido ante una autoridad judicial o notarial por quienes lo suscriben y reunir todos los requisitos que establece la ley. En este proceso una de las mayores dudas que se generan es cómo se salvaguarda la manutención del deudor y su familia cuando su patrimonio está comprometido. La ley es clara al respecto y establece que dichos gastos se tienen en cuenta en la negociación y se descuentan de los recursos disponibles para el pago de las obligaciones de manera que se garantice no solo su subsistencia y la de las personas a su cargo, sino la conservación de los bienes y de los gastos que subyacen al procedimiento.