Apuesta por la calidad del agua

Reducir la contaminación y trabajar en la recuperación de las áreas fluviales del país son los principales objetivos de la reciente resolución sobre vertimientos. Las empresas deberán cumplir con mayores exigencias. La nueva norma sobre vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los sistemas de alcantarillado público es uno de los cambios más importantes que recientemente se han dado en legislación ambiental. Se trata de la Resolución 0631, expedida en marzo de 2015, y con la que se espera que en los próximos cinco años se puedan recuperar ambientalmente las áreas fluviales del país y mejorar la calidad del agua. De acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, para tal fin la resolución busca reducir y controlar las sustancias contaminantes que llegan a los ríos, embalses, lagunas, cuerpos de agua naturales o artificiales de agua dulce y al sistema de alcantarillado público. La norma contempla 56 parámetros para 73 actividades productivas presentes en ocho sectores económicos: “agroindustria, minería, ganadería, hidrocarburos, elaboración de productos alimenticios y bebidas, fabricación y manufactura de bienes, actividades asociadas con servicios, y empresas prestadoras de servicios públicos alcantarillado, actividades industriales, comerciales o de servicios generadoras de aguas residuales domésticas”.
Recomendaciones

El Ministerio del Medio Ambiente presenta una serie de recomendaciones que facilitarán el cumplimiento de la Resolución 0631 al sector productivo:

1. Optimizar y ahorrar agua en los procesos productivos.
2. Adoptar buenas prácticas en la producción.
3. Racionalizar y sustituir materias primas e insumos (ahorro).
4. Realizar procesos de reconversión tecnológica (actualización de maquinaria y equipo).
5. Generar conciencia ambiental en todos y cada uno de los empleados.
6. Reutilizar aguas residuales tratadas.
7. Controlar contaminación en la fuente.
Los cambios Contar con nuevos lineamientos en materia de vertimientos era una necesidad apremiante para el país, pues el Decreto 1594 de 1984 llevaba 30 años vigente y sus disposiciones ya no garantizaban el control efectivo de la contaminación. Además, el Estudio Nacional del Agua, realizado por el Ideam en 2010, había llamado la atención sobre el deterioro progresivo de los ríos y quebradas. Como consecuencia de ello, la cantidad y calidad del agua para desarrollar diferentes procesos productivos se ha reducido en los últimos años. La nueva norma reglamenta el artículo 28 del Decreto 3930 de 2010 y su formulación tardó cuatro años. Además de las entidades gubernamentales, en dicho proceso participaron los sectores productivos, la academia, los gremios y las asociaciones, entre otros. Uno de los principales cambios que trae la Resolución 0631, es que deja de lado el concepto de carga contaminante y establece una medición según la concentración. Es decir, la medición de las sustancias que contaminan se hará en miligramos por litro de agua (mg/L) y no en kilogramos de contaminantes, como se venía haciendo anteriormente, lo que permitirá que el trabajo de las autoridades sea más efectivo. “El control se realizará a partir de la medición de la cantidad de sustancias descargadas, que es lo que impacta en la calidad del agua y no el proceso de tratamiento. La revisión de los valores a partir de la concentración, nos va a permitir tener un parámetro fijo a cumplir, según la actividad productiva”, explicó el ministro de Medio Ambiente, Gabriel Vallejo López, durante la presentación de la norma. Así mismo, la resolución establece los porcentajes máximos permitidos de vertimientos por actividad productiva, a diferencia de la normativa anterior en la que todos los sectores debían cumplir con un 20%. De igual forma, hace una diferencia entre Aguas Residuales Domésticas (ARD) y las Aguas Residuales no Domesticas (ARND). La percepción de los empresarios Para Freddy Vargas, ingeniero que trabaja en el área ambiental de una empresa del sector de bebidas, los cambios en la norma de vertimientos eran necesarios, pues las disposiciones anteriores ya eran obsoletas y muy generales. Sin embargo, considera que en ciertos aspectos se presentan inconvenientes. Para el caso particular de las bebidas, algunos parámetros quedaron iguales al valor de la norma aceptada para agua potable y eso, desde su punto de vista, no tiene mucho sentido. También, considera que la norma no es muy clara con respecto a la definición de quién es el responsable de vigilar que las empresas que envían sus vertimientos al alcantarillado cumplan con la ley, pues el parágrafo que habla sobre el tema se encuentra suspendido, ya que las empresas de servicios públicos, que al parecer debían ser las responsables de esta labor, demandaron este punto de la norma ante el Consejo de Estado. No obstante, Vargas destaca el trabajo previo de socialización que el Ministerio hizo con los gremios y empresarios y que llevó a que antes de su expedición el borrador se hubiese actualizado siete veces y a que fuesen tenidos en cuenta los puntos de vista y recomendaciones de los empresarios. Como siempre ocurre en estos casos, hay empresas que se verán más afectadas que otras. Durante el proceso de discusión, la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI) llamó la atención sobre la pobre partición de algunos sectores, que ahora consideran que la norma es excesiva y va en detrimento de sus industrias. Otros, como el de curtiembres, fueron muy activos y trabajaron en equipo, para lograr que la norma no les reste competitividad con respecto a jugadores clave de su actividad como China. Para la ANDI, es inevitable que algunas empresas deban realizar importantes inversiones para poder cumplir con la norma y evitar sanciones, pero ajustarse a los nuevos parámetros les garantizará mayor eficiencia y su sostenibilidad en el tiempo. En el ámbito de las relaciones internacionales, el cumplimiento de los nuevos estándares le permitirá a Colombia irse acercando al cumplimiento de los compromisos que en materia ambiental debe asumir para lograr su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La transición Para que las empresas puedan adaptarse al cambio normativo y cumplir con las recientes disposiciones, el Ministerio aprobó un régimen de transición. Así, aquellos que tengan el permiso de vertimientos y cumplan con los límites establecidos por el Decreto 1594 tendrán dos años para ponerse a tono con la nueva resolución. Si en el primer año de vigencia presentan plan de reconversión a tecnologías limpias, contarán con tres años adicionales. Por su parte, quienes tengan con el permiso de vertimientos, pero no cumplen con el Decreto 1594 tienen un periodo de año y medio, al que podrán sumarle dos años más, si presentan un plan de reconversión a tecnologías limpias. Aunque la Resolución 0631 no habla de sanciones, estas se encuentran contempladas en la Ley 1333 de 2009 y en el Código Penal, y pueden ir hasta los $2.500 millones de multa, el cierre de la empresa y penas de prisión. El nuevo camino para el control de vertimientos ya está trazado, y los empresarios deben ponerse a tono con las exigencias en procura de lograr un entorno sostenible y competitivo.