Avanza nuevo régimen societario

Para mantener al día las normas societarias presentaremos un proyecto para reformar la Ley 222 de 1995 y actualizar el Código de Comercio. La vertiginosa evolución del mundo de los negocios impone la necesidad de actualizar las reglas jurídicas que gobiernan el funcionamiento de las empresas. De lo contrario, se corre el riesgo de caer en la obsolescencia y perder competitividad. Por esta razón, desde la Superintendencia de Sociedades trabajamos en un proyecto de ley para modernizar el régimen societario colombiano. Entre otras propuestas, queremos extender algunos beneficios de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas) a los tipos de sociedad tradicionales, previstos en el Código de Comercio. Ello se debe a que hemos observado que, en la práctica, se está dando un progresivo marchitamiento de las formas asociativas tradicionales. El éxito enorme que han tenido las SAS obedece, en buena parte, a su gran capacidad de adaptarse a toda clase de compañías de todos los tamaños y de todos los sectores industriales y comerciales. De hecho, en la actualidad, más del 96% de las compañías que se crean en el país corresponde al tipo SAS. Ello implica, correlativamente, que las compañías de otros tipos, tales como las sociedades limitadas, anónimas y comanditarias han perdido terreno. Según lo enseña la doctrina económica, los consumidores (en este caso, los empresarios) están mejor si pueden acceder a múltiples opciones. Es por ello por lo que nuestra propuesta se orienta a revitalizar las formas asociativas tradicionales. Dentro de los beneficios que se pretende extender a estas modalidades asociativas, se encuentran, entre otros, los siguientes: • La constitución por documento privado. • El pacto de objeto indeterminado. • La estipulación de término indefinido de duración. • El pago escalonado de capital en los términos que prevé la Ley de las SAS. La segunda parte del proyecto de ley tiene que ver con una actualización del propio régimen legal de las SAS, expedida hace casi siete años. Es necesario mantener el esfuerzo de actualización de esta normativa, a fin de hacerla cada vez más idónea para toda clase de emprendimientos. Por ello, se ha propuesto que en aquellas sociedades por acciones simplificadas de naturaleza unipersonal, donde el único accionista sea, además, su representante legal, no sea obligatoria la realización de una reunión ordinaria de asamblea y no se requiera la presentación de informes de gestión, sin perjuicio de que se continñue llevando la contabilidad conforme a las normas vigentes. El tercer capítulo es el más extenso del proyecto. Se relaciona con la responsabilidad de administradores y propone reemplazar íntegramente el régimen proveniente de la Ley 222 de 1995. Las razones para proponer esta derogatoria tienen que ver tanto con la falta de claridad de algunas de las normas vigentes sobre la materia y el carácter obsoleto de muchas de las previsiones normativas que se expidieron hace dos décadas. Es evidente que esta reglamentación legal no ha tenido un significativo impacto en la actividad de los empresarios. Además, creemos que el sistema merece una actualización conforme a las pautas contemporáneas más avanzadas. La propuesta de reforma a la responsabilidad de los administradores se fundamenta en los siguientes cuatro presupuestos: 1. La introducción del principio de deferencia al criterio empresarial. 2. Una nueva forma de definir y aplicar el deber de cuidado. 3 El fortalecimiento del deber de lealtad y 4. La aplicación del postulado de la autonomía contractual en la regulación privada de la responsabilidad de los administradores. Se trata de establecer un deber de lealtad más fuerte, más riguroso, al tiempo que se propone también la definición de un deber de cuidado menos drástico, cuya atenuación se produce a partir del principio de la deferencia al criterio empresarial. Esto implica que en aquellos casos en que el administrador haya actuado de buena fe y no haya incurrido en fraude, en ilegalidad o conflicto de interés, deben protegerse sus decisiones de negocios, de manera que no se le imponga responsabilidad, aunque se hayan generado perjuicios para la compañía. Esta orienteación corresponde a la tendencia moderna en virtud de la cual los jueces no tienen por qué inmiscuirse en las decisiones de negocios, ni determinar si fueron adecuadas o no, independientemente de si de estas han derivado en la creación de riqueza o la causación de pérdidas para la compañía. La actividad del juez debe concentrarse, más bien, en determinar si se produjo una situación irregular en la conducta del administrador. Así, por ejemplo, si se comprueba la violación del deber de lealtad, debe aplicarse el criterio más riguroso. Con el propósito de proteger a los administradores sociales se propone en el proyecto de ley el otorgamiento de ciertas salvaguardias que los amparen de riesgos excesivos en su gestión. Se prevé, a manera de ejemplo, que la sociedad le otorgue a sus administradores seguros de responsabilidad civil que la compañía podría pagar con sus propios recursos o, incluso, el reembolso de los gastos de defensa por parte de las sociedades, cuando el administrador resulte victorioso en un proceso. De otra parte, se espera también que pueda autorizarse la fijación de límites estatutarios en la responsabilidad de los administradores, de manera tal que sea factible establecer restricciones cuantitativas en el contrato social. Incluso, se propone permitir que los mismos socios o accionistas puedan incorporar en sus estatutos cláusulas estatutarias en las que se comprometan a
La propuesta contempla extender beneficios de las SAS a los tipos societarios tradicionales para darles más dinamismo.
no iniciar acciones legales en contra de los administradores, salvo que se presente una situación de ilegalidad o fraude. Por lo demás, se espera efectuar una regulación de los conflictos de interés mucho más detallada que la que existía en la Ley 222 de 1995. Es claro que las actuaciones conflictivas pueden causar situaciones lesivas del interés de los accionistas minoritarios. De ahí que sea fundamental crear un régimen jurídico que sea suficientemente severo para evitar que se menoscaben las reglas de gobierno corporativo que son fundamentales para mantener niveles adecuados de inversión. También se pretende establecer reglas en materia de registro mercantil de las sociedades, con el propósito de que los trámites concernientes puedan cumplirse en línea. Por último, se incluye un capítulo relativo a la denominada opresión de accionistas minoritarios. Se trata de un sistema jurídico transplantado del régimen societario inglés que está llamado a complementar las protecciones relacionadas con el abuso del derecho. Se trata de suministrarles a los accionistas minoritarios un procedimiento especial para aquellos casos en que se produzca un conjunto de acciones concatenadas tendentes al menoscabo de los derechos que la ley les confiere a las minorías. Es de esperar, por lo tanto, que este proyecto de ley pueda convertirse en una realidad tangible en poco tiempo, de manera que nuestro país siga distinguiéndose por ser uno de los más avanzados y eficientes en la producción y puesta en práctica de las normas de Derecho Societario. Autor: Francisco Reyes Villamizar, Superintendente de Sociedades.