‘Masc’ soluciones, menos conflictos

Momentos del Segundo Congreso Internacional de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Los más reconocidos expertos en Métodos Alternativos de Solución de Conflictos debatieron en Cali sobre los retos del país para afianzar estas herramientas. Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) aportan de manera significativa al desarrollo económico de un país, ya que permiten resolver de manera rápida las controversias que pueden surgir en un negocio o ejecución de un contrato evitando retrasos y sobrecostos. Esta es una de las conclusiones de la segunda edición del Congreso Internacional de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, que se realizó en Cali el mes pasado. Al encuentro acudieron los más destacados expertos nacionales e internacionales para analizar las últimas tendencias en esta materia. El evento, que contó con el concurso de los Centros de Conciliación y Arbitraje de las Cámaras de Comercio de Cali, Medellín y Bogotá, tenía entre sus objetivos difundir los avances de estos métodos alternativos, de tal manera que se brinden mayores ventajas competitivas a los empresarios. Uno de los temas clave que se debatió en el encuentro fue el de los Paneles de Expertos, un modelo poco conocido en el país, pero que puede tener una importancia mayúscula en sectores como el de la infraestructura, de cara al desarrollo de las Vías 4G y las eventualidades que se pueden presentar en la ejecución de esos contratos con las empresas que obtuvieron las licitaciones.
“Me parece muy importante que Cali sea el escenario de este Congreso, porque le da mucha visibilidad al Centro de la CCC, que cuenta con lo último en tecnología y tiene una lista de árbitros excelente. De esta manera la ciudad gana relevancia como centro académico en materia de métodos alternativos”, Bibiana Bernal Mesa, abogada y árbitro de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquía.
Según Claudia Benavides, experta en arbitraje internacional, esta instancia es muy diferente a los tribunales de arbitramento en cuanto a funciones y efectos, pero se podría constituir en órgano clave desde el inicio de la ejecución de los contratos de obras porque permitiría resolver las diferencias de manera proactiva antes de acudir a un proceso de arbitraje. Incluso, se puede establecer dentro de los contratos la conformación de este panel para que tome parte activa en la resolución de una controversia entre las partes. Por lo general, los paneles se conforman con hasta tres miembros de diversas profesiones y especialidades que con sus conocimientos contribuyen a un análisis más integral de las situaciones en discusión. Las recomendaciones de este panel no son de obligatorio cumplimiento por las partes, pero sí contribuyen a brindar una mayor claridad sobre temas de carácter técnico que estén en discusión. Si una de las partes involucradas manifiesta su inconformidad con la recomendación de estos expertos se puede llevar el caso a un tribunal de arbitraje. Con respecto a esta figura Rafael Bernal, experto en Masc, señaló que “en Colombia es bastante paradigmático no haber logrado que se entienda la figura de los paneles de expertos, por lo que las partes prefieren ir al poder judicial para intentar explicarles su controversia a personas que no tienen ni idea de las circunstancias en las que se desarrollan las obras públicas”. En consecuencia, los proyectos se paralizan durante años y se generan sobrecostos en su ejecución mientras los tribunales evalúan qué decisión tomar. Arbitraje de inversión Uno de los temas que mayor interés despertó fue el de Arbitraje de Inversión, presentado por Eduardo Silva Romero, experto en arbitraje internacional y socio de la firma francesa Dechert LLP. El invitado explicó que estos procesos se rigen por el derecho internacional lo que implica que tanto las tres ramas del poder público en Colombia (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) como todas las instancias gubernamentales (alcaldías, gobernaciones, entre otras) forman un solo Estado para efectos de disputas internacionales. Por lo tanto, cualquier acción de estos que viole un tratado de inversión acarrearía demandas de carácter internacional. “Uno de los retos es que todos seamos conscientes de que el Estado es uno solo y lo pueden demandar por acciones de todos aquellos que lo conforman, según el entendido de las normas del derecho internacional”, señaló Silva. También destacó que el Estado colombiano se ha preparado para enfrentar eventuales procesos internacionales por violación a los acuerdos de inversión. “Uno de los logros ha sido la creación de la alta instancia conformada por varios ministros y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Este grupo de funcionarios públicos se reúne para coordinar las acciones que deberían realizarse en estas situaciones”, dijo. Finalmente, señaló que es importante una actuación efectiva y oportuna en las etapas previas al arbitraje, fase que se denomina ‘enfriamiento de la disputa’. En este punto el inversionista envía una notificación de controversia que se supone es una invitación a negociar con el Estado y desde ese momento pueden transcurrir de tres meses o seis meses antes de que se inicie el arbitraje. “Por eso Colombia tiene que utilizar muy bien el tiempo y evitar este tipo de litigios internacionales. Pero si se llega a este punto el Estado debe manejar muy bien la información porque es un tema supremamente delicado y no se puede divulgar en los medios lo que está pasando con el proceso”, puntualizó el experto. Otro tema clave que se discutió durante el Congreso fue el principio de confidencialidad en los procesos de arbitraje. Según Anne Marie Murrle, árbitro de la Cámara de Comercio de Bogotá, no hay normas que delimiten este principio, pero en la práctica sí se aplica generando resultados positivos para el proceso. En este sentido el experto en arbitraje internacional Antonio Aljure señaló que algunos estudios en arbitraje internacional indican que el 60% de los empresarios consultados en diversos países consideran que la confidencialidad es una de las grandes ventajas del arbitraje. El principio de confidencialidad debe quedar establecido en el acta de inicio de un proceso en el tribunal de arbitramento, de tal manera que los documentos aportados (tanto los que tienen reserva de ley como los que no cuentan con este beneficio) no se divulguen al público.