Nueva normatividad para Proponentes

Desde el 3 de febrero los empresarios que contratan con el Estado pueden presentar ante las cámaras de comercio del país, las solicitudes de inscripción, renovación o actualización del Registro Único de Proponentes, bajo los parámetros de la nueva normatividad. El Decreto 1510 expedido por el Departamento Nacional de Planeación el 17 de julio de 2013, busca incorporar la reglamentación de las mejores prácticas internacionales en la planeación de la contratación y la compra pública, y modifica sustancialmente el Registro Único de Proponentes. El Decreto entró en vigencia el 15 de agosto de 2013, pero su régimen de transición, contemplado en el artículo 162, estableció que los proponentes que a la fecha de renovación, figuraran con inscripción vigente, mantendrían su vigencia hasta tanto las cámaras de comercio adelantaran los ajustes tecnológicos necesarios para utilizar el Clasificador de Bienes y Servicios, sin exceder del primero de abril de 2014. Para agilizar este trámite, las cámaras de comercio decidieron no esperar hasta la fecha señalada y ya empezaron a brindar este servicio. ¿Qué deben hacer los proponentes? » Inscripción: Deben inscribirse quienes no figuren en el registro o quienes teniendo su inscripción vigente no renueven antes de la fecha límite de renovación (7 de abril). » Renovación: Los proponentes que cuentan con su inscripción vigente o llevaron a cabo su registro antes del primero de enero de 2014, deben renovar la inscripción a más tardar el 7 de abril. » Actualización: Quienes se hayan inscrito entre el 1 y 31 de enero del presente año, bajo los parámetros del Decreto 734 de 2012, deben actualizar su registro para adecuarlo a la nueva reglamentación. Los cambios El registro continúa contemplando muchos de los requisitos habilitantes que se venían manejando bajo las normatividades anteriores, la gran diferencia es que los elementos que los componen son abiertamente distintos. Igualmente fue modificada la clasificación que se realizaba bajo los parámetros del Clasificador Industrial Internacional Uniforme –CIIU, se pasó al Clasificador de Bienes y servicios de la Naciones Unidas -UNSPSC. Clasificación Es la ubicación dentro del sistema de codificación del Clasificador de Bienes y Servicios, hasta el tercer nivel (seis dígitos), en el cual se estandarizan los productos y servicios, de acuerdo a los contratos que haya ejecutado el proponente. Una modificación relevante que presenta la nueva clasificación es que permite la cantidad de códigos necesarios para el proponente y que puede acreditar con la experiencia. La normatividad anterior solo permitía cuatro códigos. Requisitos habilitantes Los requisitos habilitantes que fueron modificados sustancialmente son: » Capacidad Jurídica: Determina la posibilidad de ofrecer a las entidades estatales la provisión de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios y la capacidad de la persona natural, o del representante legal de la persona jurídica, para suscribir contratos de acuerdo con sus facultades o limitaciones. Cuando se trate de personas jurídicas no inscritas en el Registro Mercantil, de Entidades sin Ánimo de Lucro o en cualquiera de los registros que llevan las cámaras de comercio, el proponente deberá adjuntar un certificado de existencia y representación legal expedido por la entidad correspondiente, con fecha de expedición no superior a dos meses de antelación a la fecha de solicitud del respectivo trámite y deberá incluir los siguientes datos: » Nombre o razón social completa del proponente » Modificaciones de la razón social. » Tipo, número y fecha del documento de constitución o creación. » Fecha, clase de documento y entidad que reconoce la personería jurídica. » Duración de la persona jurídica. » Domicilio de la persona jurídica. » Nombre e identificación del representante legal. » Facultades y limitaciones del representante legal, si las tuviere. Experiencia: Es el criterio a través de cual se acreditan ante el registro los contratos ejecutados por el proponente o a través de consorcios, uniones temporales o sociedades, en las cuales el proponente tenga o haya tenido participación, ya sea en la provisión de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios, aportando una certificación expedida por el tercero que recibió el bien, obra o servicio, la cual deberá expresar por lo menos: Que el contrato ya fue ejecutado; valor del mismo en salarios mínimos a la fecha de terminación; los códigos de clasificación relacionados con el objeto contractual, para lo cual hará uso del clasificador de bienes y servicios hasta el tercer nivel. Esta certificación puede ser reemplazada por fotocopias del contrato acompañado de una certificación suscrita por el proponente donde se indiquen los mismos requisitos exigidos para la certificación que expide el tercero y que han sido ya citados. Las personas jurídicas con menos de tres años de constituidas, podrán acreditar su experiencia con base en los contratos celebrados por sus socios o accionistas, asociados o constituyentes, según corresponda. Capacidad Financiera y Capacidad de Organización: Se determinan con base en los estados financieros y sus notas correspondientes, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la fecha de la inscripción, o con el balance de apertura o balances trimestrales, solo si las personas iniciaron operaciones en el mismo año en que se inscriben al registro de proponentes. La información financiera de una persona jurídica o persona natural, inscrita en el registro mercantil o registro de entidades sin ánimo de lucro, debe ser coherente con la que reposa en su matrícula frente a la reportada en el formulario para el Registro Único de Proponentes y en los estados financieros aportados. La capacidad financiera y la capacidad de organización se obtiene mediante los índices de liquidez, endeudamiento y razón de cobertura de intereses y, mediante la rentabilidad del patrimonio y rentabilidad del activo, respectivamente. Situaciones de control y grupos empresariales Un aspecto nuevo en el registro, es la acreditación de las situaciones de control y grupos empresariales, para ello las personas jurídicas que se encuentren en alguna de estas dos condiciones deberán reportar tal situación, indicando nombre de cada uno de los integrantes, número de identificación, domicilio y, si pertenece a un grupo empresarial, la calidad de matriz o subordinada. Si pertenece a una situación de control, la calidad de controlante o controlada. Si existe grupo empresarial y están obligados a tener estados financieros consolidados deben ser aportados. Ahora bien, si la persona jurídica no hace parte de un grupo empresarial, no ejerce control sobre otras sociedades y no hay situación de control sobre el interesado, debe aportar una certificación suscrita por el representante legal y el revisor fiscal o contador, según corresponda, donde indique dicha situación.