Se aplica con la misma validez y obligatoriedad que la ley, siempre y cuando no la contraríe y no exista acuerdo entre las partes que establezca una práctica distinta a la certificada.
Contribuye a regularizar las prácticas realizadas por los comerciantes evitando conflictos futuros.
No tiene ningún costo para el comerciante que la solicita.
Puede valer como elemento probatorio en una controversia judicial.